HOY 15 DE MAYO DEL 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA EL DR JOSÉ RAMONES INPREABOGADO 63689 INTRODUJO UN RECUERSO DE AMPARO EN DEFENSA DEL PUEBLO VENEZOLANO ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA POR LA GRAVE CRISIS ECONÓMICA PARTE DEL DOCUMENTO ENTREGADO
CIUDADANO:
PRESIDENTE Y DEMAS MAGISTRADOS (AS) DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
SU DESPACHO.
Nosotros, JOSE GREGORIO RAMONES AREVALO, EDUARDO ENRIQUE BRITO y ANGEL ANTONIO RINCON MARTINEZ, venezolanos, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad V-7.494.932, V-1.153.447 y V- 10.112.903, respectivamente, con domicilio procesal en el Centro Comercial Pasaje Zing, oficina 226, ubicado entre las esquinas de sociedad a Traposo, avenida Universidad, Parroquia Santa Teresa, Municipio Libertador, Distrito Capital, tlf. 0416-615.82.03, correo electrónico juriidicoscramones@gmail.com, actuando en este acto en nuestros propios nombres y representación, con el carácter de víctimas de la “GUERRA ECONOMICA” generada por el plan de desestabilización del País, dirigido por factores externos (algunos estados vecinos siguiendo órdenes del imperio norteamericano) y puesto en práctica por agentes internos que desarrollan con sus acciones la denominada “Teoría del Caos” valiéndose de la complicidad de algunos funcionarios encargados de proveerles impunidad omitiendo o retardando el accionar de la justicia en contra de esos actos de especulación, acaparamiento y usura, que son las bases sobre la que se sustenta la denominada “Guerra Económica” mientras que los victimarios minan las calles, los pequeños y grandes abastos o los supermercados de nuestro País, con precios que no permiten que uno solo de los productos de primera necesidad puedan ser adquiridos por un mes de salario de un trabajador, generalizándose esas inescrupulosas prácticas comerciales en hechos cotidianos y constantes, como si fueran usos y costumbres mercantiles normales y permitidos por el Estado Venezolano, cuando en la realidad son hechos punibles, previstos por la ley como delitos, que no se encuentran prescritos, que se cometen en flagrancia, que inclusive, el propio Presidente Constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela denuncia como “Guerra Económica”, debiendo ser procesada con la eficaz y eficiente inmediatez como “Noticia Criminis” por los Órganos de Investigación Penal, ya que al tener conocimiento por cualquier vía o medio de comunicación que se está cometiendo un hecho punible y mucho más aún, cuando se trata de una denuncia interpuesta como “Noticia Criminis” por el propio Presidente: NICOLAS MADURO MOROS quien en las reiteradas y constantes alocuciones, por todos los medios de comunicación, en forma pública y notoria, denuncia en representación de todos los venezolanos el Plan y la puesta en práctica de una “Guerra Económica” como parte de la denominada “Guerra no Convencional” que daña a todos los venezolanos, pero no es oído en las formas y condiciones que establece el artículo 49, ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia, no es procesada su denuncia por los Órganos encargados de hacer justicia, violentándose los Principios y Garantías constitucionales y legales, previstos en nuestra Carta Magna de Derechos Fundamentales y en las leyes sustantivas y adjetivas penales vigentes; por tal razón consideramos que, sí no es oída ni procesada la denuncia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, existe el temor fundado de la amenaza inminente, establecida en el primer aparte del artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que nosotros tampoco seremos oídos por los Órganos competentes encargados de procesar nuestra denuncia contra los pequeños y grandes comerciantes que ponen en práctica la “Guerra Económica” en todo el territorio nacional, en forma pública y notoria, en contra de nosotros, de nuestra familia y en contra de todo el pueblo de Venezuela y en virtud que existe la amenaza inminente por parte del Ministerio Público de violentar nuestro Principio y Garantía Constitucional, prevista en el ordinal 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que acudimos ante Usted, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 ejusdem, ampliamente concatenados con los artículos 1, 2 y su primer aparte de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de solicitar la Tutela Efectiva del ejercicio de nuestros Derechos Colectivos y Difusos y de conformidad con lo previsto en el artículo 49, ordinal 8º ibídem, pedimos se restablezca la situación jurídica infringida por omisión y retardo injustificado de la anterior Fiscal General de la República, quien al no procesar la denuncia en forma adecuada y oportuna, generó la impunidad, por la falta de aplicabilidad de los procesos penales para castigar a los culpables de los delitos de usura, acaparamiento y especulación, creando confusión, desesperanza, zozobra y temor en la sociedad, perjudicándolos económica y emocionalmente, causándole daños psicológicos a las familias, en algunos casos las desintegró, les daño la salud e inclusive en otros casos les causó la muerte, dejando vestigios de esa enquistada incompetencia en órdenes e instrucciones impartidas a los tentáculos de su confianza que no permiten el cese de la “Guerra Económica”, motivo por el cual acudimos ante su competente autoridad, con la finalidad que, a través del presenteAMPARO CONSTITUCIONAL haga cesar las inminentes amenazas de las violaciones de los principios y Garantía Constitucionales, en los términos y condiciones que se exponen a continuación:
CAPITULO I
LOS HECHOS:
Es el caso que, en todo el territorio nacional se viene desarrollando una “Guerra Económica” en contra de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta República Bolivariana de Venezuela, impidiéndoseles el acceso oportuno a los alimentos, a la salud, a la educación, que son derechos humanos enmarcados dentro de nuestra Carta Magna como Derechos Fundamentales; asimismo ataca indiscutiblemente todos los derechos constitucionales de los Trabajadores y trabajadoras, toda vez que, el salario percibido por los trabajadores, sean del sector público o privado, no les alcanza para comprar cualquiera de los productos de la cesta básica, a pesar que la mayoría de ellos son producidos en nuestro País, en cantidades suficientes, pero son intencionalmente acaparados y escondidos para que su escases permita el aumento del precio del producto, logrando venderlo hasta cien (100) veces el precio de compra, atentando ese acto de especulación contra la soberanía y la seguridad alimentaria.
